Lo de VA es por Valor Agregado y lo de Pulpín es por la ley que unos dicen que promueve el empleo para los más jóvenes y otros que será a costa de reducir sus derechos laborales. No ha habido debate. En cambio, los jóvenes que debían ser beneficiados o que resultarían perjudicados por la ley, según se mire, hablaron con el lenguaje de los mítines. Grita callejera, o en redes sociales, con eslóganes que resultan intrascendentes, porque de tan simples no dicen nada. Es su derecho sagrado, hay que respetarlo, hay que defenderlo. Aunque el costo haya sido atracones de tráfico y basura y destrozos en los pocos parques que tiene Lima.
Sin embargo, si no hay debate serio, no se ve lo principal. Se pierde de vista, por ejemplo, que el problema no está en la ley pulpín, ni en si se puede arreglar el entuerto en el reglamento, sino en creer que la magia de una ley hará posible más empleo, con toditos sus derechos laborales incluidos. En rigor, la ley podrá decir lo que quiera, pero nadie contrata trabajadores que no necesita ni paga en salarios más de lo que valen. Es decir, en este juego de intercambios, el salario y, en general el paquete de los derechos laborales, vale lo que la empresa está dispuesta a pagar porque obtiene a cambio utilidades de igual o mayor valor.
García Márquez, en el Otoño del Patriarca, dijo que si la mierda valiese algo, los pobres nacerían sin poto. Grosera la frase, pero con la fuerza de una parábola de los evangelios para que no haya ninguna duda: si no puedes producir algo que vale, algo que alguien esté dispuesto a pagar por eso, serás pobre, no tendrás empleo o tendrás uno muy mal pagado. Es realidad pura, que una ley no puede modificar. Hace un tiempo, pasé por Camaná en Arequipa. La cebolla estaba tirada en los campos. Nadie la recogía, porque su precio en el mercado era menor que el salario de cosecha. Era más barato dejarla pudrirse que venderla. Adiós empleo, adiós salario mínimo. Por eso todo el reclamo por el respeto a los derechos laborales debiera pasar por plantear antes el tema de cómo agregar valor en las empresas.
Entonces lo que el gobierno debe hacer es crear condiciones para que las empresas ganen dinero. Suena horrible y no es políticamente correcto decirlo, pero es la clave, porque sin ese dinero no hay empleo ni derechos laborales. Y toda esta reflexión tiene nombre:Competitividad, que no es otra cosa que producir bienes o servicios cada vez de mejor calidad, a menores costos, a mayores utilidades. ¡Ahí está la trampa!, advierten algunos, porque para asegurar utilidades a las empresas se necesita reducir los derechos laborales. Menos salarios, más utilidades sería la receta oculta y macabra. La empresa contra los trabajadores, como reedición de la lucha de clases de siglos pasados. No es así. No debiera ser así.
Miremos a la agricultura de exportación o a la gran minería, dos de las actividades más competitivas del país. Las empresas de estos rubros son las que han venido pagando más y mejor derechos laborales, y creciendo. Lo que hacen estas empresas es contratar trabajadores más capacitados, entregarles equipos de la tecnología más moderna, establecer logísticas más innovadoras y conquistar agresivamente nuevos mercados. Con ello se logra que una hora del trabajador produzca más valor que en cualquier otra actividad. Por eso en estas empresas se pagan los salarios más altos y se ofrecen mayores beneficios que los fijados por la ley.
Es verdad que hay intereses encontrados, porque la empresa querrá pagar menos y los trabajadores querrán ganar más. Pero entre empresas competitivas y trabajadores capacitados, el conflicto de intereses no se mueve en el nivel básico de los derechos laborales elementales. No están en cuestión las ocho horas, el salario mínimo, las vacaciones, las gratificaciones, las CTS, ni el derecho de huelga. Se discute y resuelve sobre otras y mejores condiciones laborales, como extender beneficios sociales a la familia. Es otra cosa. En resumen: más empleos y mayores salarios no pasan por mejores leyes ni por más luchas democráticas, compañero. Pasa por trabajadores mejor capacitados y por empresas más competitivas.
En lo de la capacitación (educación para el trabajo), el gobierno no ha hecho mucho. Beca 18 y los Colegios Emblemáticos son insuficientes. Renovación en el magisterio casi nada. Inclusión educativa cero. En lo de la competitividad tampoco se ha avanzado. Más que subsidios, reducción de impuestos o regímenes laborales especiales, las empresas para ahorrar costos requieren carreteras menos congestionadas, puertos y aeropuertos más eficientes, internet más potente, trasvase de los ríos a la costa, gas para todos, burocracias profesionales. Y así por el estilo. Ése es el debate que hay que tener. Ésas son las batallas que hay que ganar. Ésas son las políticas de Estado que debemos construir. La ley pulpín, de verdad, es lo de menos
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