ESCRIBE MARÍA GRACIA OSORES
El debate inconcluso sobre el régimen laboral para jóvenes, conocido coloquialmente como ‘Ley pulpín’, ha puesto a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en una posición de notoriedad inédita para un organismo de reciente creación (data del 2013). Uno de los temores de los críticos al nuevo régimen es que éste pueda utilizarse de forma fraudulenta (por ejemplo, para despedir trabajadores y luego reemplazarlos con otros del nuevo régimen), por lo que la capacidad de la Sunafil para llevar a cabo una fiscalización inocente será puesto a prueba.
Durante el 2014, la Sunafil se ha dedicado a ponerse en marcha y comenzar un plan de crecimiento, que se expresa en las ocho intendencias regionales existentes a la fecha. En el 2015 se espera implementar siete intendencias más e incorporar 160 inspectores, con lo que el número total de éstos ascendería a 560.
El 2015 se presenta un gran reto para dicha entidad, no solo en su consolidación y fortalecimiento como institución, sino sobre todo en lograr una gestión adecuada para la fiscalización de las obligaciones laborales.
El año comienza con un nuevo superintendente, Óscar Enrique Gómez Castro, quien asume el cargo en reemplazo de Gorki Gonzales, quien renunció en diciembre.
OBSTÁCULOS A SUPERAR
Según Carlos Benites, Intendente Nacional del Sistema Inspectivo de la Sunafil, los incumplimientos laborales muchas veces se deben a que los empresarios no cuentan con toda la información necesaria para tomar decisiones racionales. Por ello, la Sunafil tiene entre sus funciones desarrollar la prevención y asesoría que permitan que la institución ponga a disposición de los empresarios y empleados, información oportuna y necesaria para la toma racional de decisiones.
Para Germán Lora, socio del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el éxito de la fiscalización laboral no sólo implica contratar más inspectores, sino capacitarlos. El Ministerio de Trabajo tiene que desarrollar una gestión, y ello supone brindarle a los inspectores conocimientos teóricos y prácticos de los temas laborales. A veces, son los propios inspectores los que tienen interpretaciones que entorpecen o generan un conflicto, e inclusive hacen inspecciones reiteradas sobre el mismo tema.
Asimismo, el abogado laboralista resaltó que el inspector de trabajo no puede ser un abogado de los trabajadores, pues tiene que asumir una posición más independiente y equilibrada, y ésta se consigue a través de la capacitación del personal.
“El ministerio tiene que dejar de ser una mesa de parte de los trabajadores, y fundamentalmente de sindicatos. El ministerio tiene que velar porque el derecho laboral se cumpla y se tiene que actuar en base de gestión”, señalóLora.
Benites asegura que la capacitación está en sus planes. “Este año vamos a implementar la escuela nacional de formación del sistema inspectivo para lograr las capacitaciones, no solo de los inspectores de la Sunafil, sino de todo el sistema inspectivo, es decir, incluyendo a las direcciones regionales de trabajo”.
Se debe tener en cuenta que hoy por hoy, existen también las direcciones regionales de trabajo. No en todas las regiones se ha producido una transferencia de competencias en materia de fiscalización e inspección a la Sunafil (este año va a implementar otras intendencias).Esta dicotomía en los procesos de inspección podría generar un riesgo de desorden o de pronunciamientos divergentes.
Durante el 2014, la Sunafil asegura haber realizado 40,000 inspecciones, a unas 23,000 empresas. Para el 2016, su objetivo es estar en todas la regiones del país. Pero, antes de eso, su papel como fiscalizador ya estará bajo escrutinio.
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