El Gobierno plantea eliminar beneficios a quienes roben celulares o carteras
El Consejo de Ministros también aprobó decretos que permitirán modernizar las Fuerzas Armadas y se instituirá la Defensoría Militar
(Foto referencial: Archivo El Comercio)
La ministra de Justicia, Eda Rivas, anunció hoy que el Poder Ejecutivoaprobó un proyecto de ley que modifica dos códigos procesales vigentes, lo que impedirá que delincuentes habituales o reincidentes, que cometen delitos menores, puedan acogerse a determinados beneficios penitenciarios.
“Lo que el Consejo de Ministros ha aprobado es de suma importancia, porque lo que se busca a través de este proyecto es atacar toda esta sensación de inseguridad ciudadana que tenemos en el país”, comentó Rivas.
El proyecto que será presentado ante el Congreso de la República para su debate y aprobación respectiva, busca limitar la conciliación que se da en materia penal, es decir, impedir que estos delincuentes se beneficien con la negociación que se realiza entre el inculpado, la víctima y el fiscal.
La norma comprende a personas que roban celulares, que rompen el vidrio de un auto para robar una cartera, entre otros, quienes serán reprimidos con las penas que le correspondan.
MODERNIZACIÓN DE FF.AA.
El Consejo de Ministros también aprobó cuatro decretos legislativos para la modernización de las Fuerzas Armadas.
El Consejo de Ministros también aprobó cuatro decretos legislativos para la modernización de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, explicó que estas normas permitirán promover la producción, coproducción, transferencia tecnológica y compensaciones industriales en el ámbito de la industria militar.
“Es lo que se hará gracias al convenio firmado recientemente con Corea del Sur, para la coproducción de aviones de instrucción”, comentó.
También se contempla la creación de una agencia de compras de los institutos castrenses, que estará bajo la supervisión de su portafolio. Además se instituirá la Defensoría Militar para apoyar a aquellos oficiales que, en el ejercicio de sus funciones, sean sometidos injustamente a procesos judiciales.
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