(Editorial) Usemos lo que funciona
La avalancha de recursos públicos que ha traído la minería debería ser utilizada para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos
En las últimas semanas varias organizaciones sociales y frentes de defensa de Arequipa se han movilizado para reclamar que se devuelva a las regiones una parte del Impuesto Especial a la Minería y del Gravamen Especial Minero creados por este gobierno en sustitución del Aporte Voluntario de la Minería que funcionó entre el 2006 y el 2011.
El sustituido Aporte Voluntario de la Minería (cuyo nombre oficial era Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo) consistía en que la empresa minera donara una cantidad de dinero predeterminada a un fideicomiso local que era dirigido por representantes de las empresas mineras, autoridades de los gobiernos regionales y locales y representantes de las comunidades y de la sociedad civil. Este directorio priorizaba luego las obras a las que se destinarían los fondos donados.
Las ventajas de este sistema eran varias. Para empezar, como era descentralizado, permitía que los gestores de los recursos sean los más aptos para conocer las necesidades de la zona. Adicionalmente, comprometía a la empresa en la ejecución misma de obras de desarrollo, lo que aseguraba un nivel de eficiencia que las municipalidades y gobiernos regionales no necesariamente podían alcanzar. Además, tenía la virtud de involucrar a la minera en la preocupación y gestión del desarrollo de su entorno, volviéndola así más consciente de sus necesidades. Finalmente, al integrar a la empresa al desarrollo local y regional, establecía puentes y redes de trabajo conjunto que estrechaban las relaciones entre empresa y población (las cuales incluso ayudaban a prevenir conflictos sociales).
A pesar de todos los beneficios del sistema anterior, en la campaña electoral el Partido Nacionalista ofreció crear un impuesto a las llamadas sobreganancias mineras. Y efectivamente se creó con el nombre de Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial Minero, pero a costa de suprimir el aporte voluntario. De modo que lo que antes se manejaba y ejecutaba localmente de manera colaborativa entre empresa, autoridades y sociedad civil, pasó a ser reunido y ejecutado por el Gobierno Central sin obligación de destino. Terminó, de esta forma, siendo parte de la caja única e impersonal del gobierno.
Los dirigentes sociales arequipeños calculan que con la eliminación del aporte voluntario y la creación de los nuevos impuestos, Arequipa deja de recibir entre S/. 150 millones y S/.200 millones al año (dependiendo de los precios de los minerales), porque, además, los nuevos impuestos disminuyen la renta imponible de la cual sale el canon. La región, adicionalmente, ha perdido la experiencia de la colaboración directa con empresas mineras que en Arequipa realizaron inversiones importantes (como plantas de agua potable, de tratamiento, entre otras obras). Y, por supuesto, con el nuevo esquema el tejido de relaciones entre la comunidad y la empresa se ha venido deshilvanando de a pocos.
Por eso, lo que están reclamando las organizaciones sociales arequipeñas, que tienen nostalgia de la colaboración para el desarrollo, es un esquema parecido al anterior. Han presentado un proyecto de ley para recrear en las localidades asociaciones público-privadas parecidas a los fideicomisos del aporte voluntario, para manejar no todo sino una parte del nuevo impuesto creado.
Dicha iniciativa, por lo demás, no enfrenta mayores obstáculos financieros. Si a través del aporte voluntario se entregaban a nivel nacional unos S/.500 millones al año, el nuevo impuesto y gravamen minero permite recaudar por lo menos S/.2 mil millones. No habría, entonces, mayor problema en destinar una parte de lo que hoy recibe el Estado para que sea usado de la forma que están pidiendo las organizaciones arequipeñas. El dinero no solo alcanza para restituir a las regiones y localidades el derecho a manejar, junto con las empresas y la sociedad civil, una parte de la recaudación de los nuevos impuestos, sino también para que el Gobierno Central siga manejando la mayor parte.
La avalancha de recursos públicos que ha traído la minería debería ser utilizada para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Y, en lo que respecta a esa finalidad, un sistema parecido al del derogado aporte voluntario tiene una gran ventaja frente al actual: funciona mejor
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